El concejal de Seguridad Ciudadana de Calafell en el anterior mandato municipal, Francesc Clavero (CiU), anuló casi 400 multas de tráfico, la mayoría de ellas por estacionar sin pagar en la zona azul, de él mismo, de su mujer y de su hija. El caso lo está investigando el juzgado de instrucción número cinco de El Vendrell, que en diciembre de 2015 tomó declaración como imputados a Clavero y a un sargento de la policía local. Se les acusaba de anular de forma irregular un total de 773 multas, por un valor de unos 20.000 euros, entre los años 2011 y 2015. De ello informó el propio ayuntamiento, facilitando datos como que Clavero se anuló a sí mismo y "sin motivos legales" 300 multas de zona azul. El importe de las mismas ascendería a 8.751 euros, según las diligencias que instruye el juzgado de El Vendrell y a las que tiene acceso el equipo de gobierno municipal, que se personó en la causa como parte perjudicada.La denuncia de un policía local
La polémica por las multas en Calafell llegó a los juzgados cuando a finales del verano de 2014 un agente de la policía municipal vio con sorpresa que no se tramitaran siete multas que había impuesto en las calles de la población. Responsables municipales le explicaron que la razón era un defecto de forma, pero el agente no se conformó con el argumento. Puso el caso en manos de la Fiscalía cuando tras investigar la situación y comprobar que existían cientos de multas que la Diputación no llegaba a tramitar. El ayuntamiento informó de que las 773 multas por las que están imputados el exresponsable de Seguretat Ciutadana, Francesc Clavero, y un sargento de la policía local, son las tres cuartas partes de todas las anuladas entre los años 2011 y 2015.
La información facilitada detallaba que de las 300 multas impuestas a Clavero y posteriormente anuladas, 198 corresponden a su antiguo vehículo particular, diez a un nuevo vehículo y las 92 restantes se impusieron a un tercer coche que el exresponsable de la policía local utilizó como vehículo de cortesía de un concesionario de automóviles. Clavero también habría anulado otras 83 multas a vehículos de familiares directos por un importe de 2.371,31 euros. Se trata de 23 sanciones impuestas al vehículo de su mujer, 49 al de su hija y 11 a un coche de la empresa donde trabajaba la hija.
Clavero defendía entonces que nunca se aplicaron “criterios arbitrarios” en la anulación de las sanciones. Fueron criterios de “máxima objetividad”, sostiene, y asegura que la gran mayoría de las multas anuladas estaban relacionadas con motivos de trabajo y que los beneficiarios fueron concejales y empleados de servicios, como personal del centro médico y trabajadores de empresas de servicios. "Anulé las multas pensando que lo podía hacer en función de mi cargo y nadie me dijo lo contrario", dijo.
Ahora, hemos sabido que hay dos regidores más de CIU que se ven salpicados por este asunto de las multas. El juez se centra en las multas "borradas a políticos locales del mismo grupo de Clavero"-que incluye al exalcalde Joan Olivella- y sus familiares más directos". A uno, según las diligencias instruídas por el juzgado número 5, se le perdonaron 13 denuncias por no pagar la zona azul, con un importe total de 371,41 euros. Otro miembro más de los regidores de CIU, ahora en la oposición, se vió también favorecido al serle perdonadas a su pareja 8 multas, por un total de 228,56 euros.
El ayuntamiento tuvo acceso a esta información al personarse como parte perjudicada e hizo pública parte de ella ya que no había secreto de actuación en el procedimiento que se está llevando a cabo.
2 regidores citados a declarar por un presunto delito ecológico
2 regidores citados a declarar por un presunto delito ecológico
Tanto el juzgado contencioso administrativo de Tarragona como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le dieron la razón e instaron al consistorio a “adoptar las medidas necesarias para evitar esta inmisión proveniente de la vía pública”. Tras comprobar que la problemática no se ha resuelto y que la sonometría en la zona todavía supera los límites fijados por la normativa, el fiscal decidió denunciar a los concejales -como responsables del consistorio en este ámbito- por su desidia.
En la denuncia, el fiscal criticaba que, a pesar de las resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento, los problemas de ruido en la zona de ocio de la ciudad persistan. Por este motivo, solicitó a los juzgados de instrucción de El Vendrell que abriesen diligencias por un delito ecológico de los artículos 325 y 329 del Código Penal, y que citase a declarar, como ya ha hecho, a los diferentes concejales en calidad de investigados. Por estos hechos podrían enfrentarse a una multa y a penas de entre medio año y tres años de prisión, y de entre nueve y quince años de inhabilitación para cargo público.
En el documento elaborado por el fiscal constan mediciones realizadas en el domicilio de esta vecina, ubicado en la calle Monturiol. El estudio se practicó en junio de 2015, entre la una y las tres de la madrugada de un domingo. De los resultados se desprende que las mediciones de ruido “superan en mucho los valores máximos y, en todo caso, correspondía al Ayuntamiento la vigilancia del control de estos límites”.
En concreto, las medidas realizadas en el exterior del inmueble alcanzaron entre 73 y 80 decibelios, cuando el valor límite previsto tras la aplicación de la normativa catalana -mediante el decreto catalán 176 / 2009- se situaría en 63 decibelios . En cuanto a los registros del interior del domicilio, el valor medio medido superaba por poco los 50 decibelios, casi 20 más de los que fija la legislación.
La de Calafell es la primera denuncia penal de estas características que ha interpuesto en la demarcación de Tarragona el fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, quien a la vez investiga numerosos casos más relacionados con el exceso de ruido.
En la denuncia, el fiscal criticaba que, a pesar de las resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento, los problemas de ruido en la zona de ocio de la ciudad persistan. Por este motivo, solicitó a los juzgados de instrucción de El Vendrell que abriesen diligencias por un delito ecológico de los artículos 325 y 329 del Código Penal, y que citase a declarar, como ya ha hecho, a los diferentes concejales en calidad de investigados. Por estos hechos podrían enfrentarse a una multa y a penas de entre medio año y tres años de prisión, y de entre nueve y quince años de inhabilitación para cargo público.
En el documento elaborado por el fiscal constan mediciones realizadas en el domicilio de esta vecina, ubicado en la calle Monturiol. El estudio se practicó en junio de 2015, entre la una y las tres de la madrugada de un domingo. De los resultados se desprende que las mediciones de ruido “superan en mucho los valores máximos y, en todo caso, correspondía al Ayuntamiento la vigilancia del control de estos límites”.
En concreto, las medidas realizadas en el exterior del inmueble alcanzaron entre 73 y 80 decibelios, cuando el valor límite previsto tras la aplicación de la normativa catalana -mediante el decreto catalán 176 / 2009- se situaría en 63 decibelios . En cuanto a los registros del interior del domicilio, el valor medio medido superaba por poco los 50 decibelios, casi 20 más de los que fija la legislación.
La de Calafell es la primera denuncia penal de estas características que ha interpuesto en la demarcación de Tarragona el fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, quien a la vez investiga numerosos casos más relacionados con el exceso de ruido.
