El Ayuntamiento de Calafell ha dado de plazo hasta el jueves de esta semana al propietario de la polémica perrera ilegal, situada en la zona de la depuradora de aguas residuales, para que traslade a los animales a un lugar en condiciones. En caso contrario, el Ayuntamiento se hará cargo de los perros.
Desde que se denunció la situación de esta perrera, los servicios municipales han hecho controles periódicos de las instalaciones y no se han detectado mejoras ni en la limpieza e higiene del espacio ni en la alimentación y el confort de los animales. El estado del recinto sigue siendo muy precario.
El alcalde, Ramon Ferré, ha recordado que "el responsable de los perros es el propietario y a él le hemos exigido la debida atención". Añadió que "la existencia de una denuncia de la Guardia Civil, que aún no sabemos si irá por vía penal o administrativa, nos dificultaba actuar, ya que en el primer caso todo quedaba en manos del juez". Sin embargo, dice Ferré, "hemos decidido tomar medidas, con las formas y plazos legales, pero medidas".
Por otra parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha denunciado otra perrera del término municipal, situada en el camino del Mas de la Espasa. Según la denuncia, la perrera no consta inscrita en el registro de núcleos zoológicos de Cataluña, no dispone de libros de registro, ni tiene tampoco licencia ambiental para ejercer la actividad. Este recinto ya había sido denunciado anteriormente y ha sido objeto de controversia por las quejas vecinales y animalistas.
