En facebook, enmarcamos los comentarios, desafortunados o no, dentro de la libertad de expresión. La misma postura respecto a temas como la "cárcel" que se ha instalado en Calafell, regulada mediante ordenanzas municipales.
Hoy nos llega la notícia de que C's Calafell registra una petición para anular la partida de la AMI de los presupuestos de 2018.
Antes de entrar en materia, un breve repaso a las "performances".
En la sesión plenaria de abril de este año, se aprobó regular los lazos amarillos y cualquier manifestación, con una normativa para regular los lazos amarillos en la vía pública. El texto especifica que todas aquellas personas o colectivos que quieran ponerlos deben presentar una solicitud con un mínimo de siete días de antelación, así como dejar una persona de contacto que sea responsable. Las peticiones se hacen por vía electrónica y el consistorio da una respuesta después de evaluar la petición. La anterior ordenanza sólo hacía referencia a la publicidad comercial y la de las elecciones, y había un hueco para estas manifestaciones. Así, el objetivo de la normativa es "que no se ensucie la vía pública", en palabras de Ferré. En caso de que se dé permiso, se especificará cuánto tiempo pueden estar puestos los lazos. Recogiendo los datos de una persona responsable se quiere velar por el cumplimiento de la ordenanza. El texto también prevé que se pueda solicitar permiso para hacer manifestaciones espontáneas, en este caso con una antelación mínima de 24 horas.
En la sesión plenaria de abril de este año, se aprobó regular los lazos amarillos y cualquier manifestación, con una normativa para regular los lazos amarillos en la vía pública. El texto especifica que todas aquellas personas o colectivos que quieran ponerlos deben presentar una solicitud con un mínimo de siete días de antelación, así como dejar una persona de contacto que sea responsable. Las peticiones se hacen por vía electrónica y el consistorio da una respuesta después de evaluar la petición. La anterior ordenanza sólo hacía referencia a la publicidad comercial y la de las elecciones, y había un hueco para estas manifestaciones. Así, el objetivo de la normativa es "que no se ensucie la vía pública", en palabras de Ferré. En caso de que se dé permiso, se especificará cuánto tiempo pueden estar puestos los lazos. Recogiendo los datos de una persona responsable se quiere velar por el cumplimiento de la ordenanza. El texto también prevé que se pueda solicitar permiso para hacer manifestaciones espontáneas, en este caso con una antelación mínima de 24 horas.
La iniciativa fue propuesta por ERC, apoyada por el PDECAT, el partido municipalista UAM y un concejal no adscrito. La CUP se abstuvo porque lo veía innecesario, y Ciudadanos y el PP votaron en contra. Los populares, curiosamente, forman parte del gobierno junto a PSC y UAM, y se encargan de la concejalía de Vía Pública. El concejal de este área, Juanjo García, se opuso a la regulación, pero debe cumplirse porque es resultado de una votación plenaria.
Dicho esto, la ocupación de Vía Pública, perfectamente regulada, es la que permite que tanto independentistas como unionistas, la utilicen según sus intereses. Tanto da si es una "cárcel" como una carpa de un partido político.
Todo ello debe enmarcarse dentro de la libertad de expresión. Pedir explicaciones porque se permita instalar una "performance independentista" cuando, por otro lado se aplaude la presencia de una avioneta sobrevolando el espacio público es, como poco, surrealista "utilizar el espacio público con fines políticos para criticar la utilización del espacio público con fines políticos".
También hay quienes se pueden sentir molestos al ver una micro-manifestación (aunque auguraban que sería multitudinaria) formada, entre otros, por grupos racistas, xenófobos y algunos antiguos miembros de partidos neonazis, en la plaza frente al ayuntamiento.
Respecto a la AMI.
Guste o no, en 2015, también fue una votación de los grupos políticos en el consistorio. PSC, PP y CS votaron que no (aunque la votación fuera secreta se supo qué votó cada uno) y se aprobó por 12 votos a favor y 9 en contra. Esto significa que dos concejales del equipo de gobierno apoyaron la adhesión (UAM), sumándose a los votos de CDC, ERC y la CUP.
Guste o no, en 2015, también fue una votación de los grupos políticos en el consistorio. PSC, PP y CS votaron que no (aunque la votación fuera secreta se supo qué votó cada uno) y se aprobó por 12 votos a favor y 9 en contra. Esto significa que dos concejales del equipo de gobierno apoyaron la adhesión (UAM), sumándose a los votos de CDC, ERC y la CUP.
Es más, parece que "se olvida" que la adhesión de Calafell a la AMI llegará a juicio el 2 de febrero del año que viene. El consistorio recibió la citación de un juzgado de Tarragona en mayo de este año, a raíz de una reclamación presentada por la subdelegación del gobierno español. El juez puede dictaminar que no se ajusta a derecho el acuerdo del pleno y anular el decreto de alcaldía.
Imágenes: Diari de Tarragona, fb Cs, Blog de Segur
