El Ayuntamiento de Calafell se verá obligado a pagar más de un millón y medio de euros por una sentencia judicial de hace dos años. La necesidad de incluir este importe en el presupuesto municipal de este 2017 es la causante de que las cuentas, que ya estaban prácticamente cerradas, no se hayan podido llevar al pleno municipal.
Para mitigar el impacto de esta sentencia, el actual equipo de gobierno municipal intenta llegar a un acuerdo con los demandantes, la sociedad Svaina, para hacer el pago en tres anualidades. Se deberán pagar 1.111.378,96 euros de principal, más 233.389,38 euros de IVA, así como los intereses generados, que se calcularán en el momento de ejecutar la resolución, pero que no bajarán de 200.000 euros más.
La sentencia cierra un contencioso urbanístico sobre un terreno de Segur de Calafell, en la avenida de España, donde había existido una plaza de toros construida en el boom turístico de los años 60 y abandonada y en ruinas hace décadas. Son unos 6.000 metros cuadrados situados en el interior de la manzana delimitada por la avenida de España y las calles Brasil, Pinar y San Rafael.
El conflicto tiene su origen en el plan general de urbanismo de 1989, que calificó el terreno de equipamiento, sin especificar si era público o privado, cuando la propiedad era privada. Ya antes de la aprobación del POUM de 2011, los propietarios demandaron al Ayuntamiento por entender que la calificación confundida de la finca no les permitía hacer un equipamiento privado (su intención era hacer una residencia geriátrica). Y nunca se ha llegado a un acuerdo para compensarlo con edificabilidad o alguna otra fórmula.
Ahora, la decisión judicial es considerar la finca como un terreno para equipamientos públicos y decretar una expropiación de facto, con la correspondiente indemnización a los propietarios, el importe de la que han fijado en la sentencia ya.
El alcalde de Calafell, Ramon Ferré, manifestó que "estamos ante un fleco urbanístico que se venía arrastrando desde hacía cerca de tres décadas y que ninguno de los consistorios que han pasado ha conseguido cerrar. Incluso el último intento de solucionarlo se topó con informes técnicos negativos ".
Ferré ha añadido que "sin embargo, no es nada correcto que el anterior gobierno municipal ignorara la sentencia y dejara el pago de la indemnización como herencia por el actual gobierno. Es muy fácil cuadrar los números y pasar por buen gestor, a quien incluso le sobra el dinero, endilgando este tipo de "muertos" a los que vienen después ".
El alcalde ha terminado asegurando que "estamos pendientes de poder cerrar un acuerdo con los propietarios, porque la verdad es que el fraccionamiento del pago en tres anualidades disminuye mucho el descalabro económico que esta sentencia provoca".
